El espacio público: ¿Libre o neutral?

El espacio público: ¿Libre o neutral?

Publicado inicialmente en la revista CTXT. Read also the English version here.

Hace ya unos meses que una polémica creciente ocupa titulares en los noticieros de Cataluña: la de los símbolos antirepresivos en el espacio público. Centenares de lazos, cruces y otros artefactos amarillos cuelgan de las farolas y de los árboles, se deslizan por las paredes y se tumban en la arena de las playas catalanas. En los últimos dos meses, sin embargo, se han detectado unos 200 casos de incidentes contra estos símbolos políticos, la mayoría de ellos pacíficos -retirar lazos también es una forma de ejercer las libertades públicas- y otros pocos de carácter violento. En ciudades como Canet de Mar, Verges o Mataró grupos de encapuchados con navajas han protagonizado enfrentamientos con activistas independentistas, auspiciados por las arengas del PP y de Ciudadanos. De hecho, el mismo Albert Rivera reivindicó hace unos días una acción contra una pancarta de libertad presos políticos en el ayuntamiento de Reus, retirada por militantes del partido naranja.

A mi entender, un error en la estrategia del soberanismo -inundar el espacio público de amarillo de forma exagerada quizá genere más anticuerpos que adhesiones- está siendo aprovechado por aquellas organizaciones políticas interesadas en mayores cotas de tensión en la calle. Ciudadanos no sería la primera fuerza en Cataluña sin una buena dosis de frentismo: toda distensión política es también, para ellos, distensión electoral. Por supuesto, las autoridades catalanas son también las primeras interesadas en impulsar la instalación de lazos, enzarzándose unos y otros en una polémica veraniega que va a durar hasta que los juicios de octubre sobre el referéndum aparezcan como nueva fuente de tensión.

La neutralidad es imposible

Los rifirrafes callejeros de quita-y-pon lazos vienen acompañados de una ofensiva ideológica por parte de los líderes constitucionalistas: bajo el mantra de la “neutralidad” del espacio público, han pedido repetidas veces que se retiren los símbolos amarillos tanto de la calle como de los edificios públicos. Esta idea tiene algo de perverso por dos motivos: el primero, porque la neutralidad es políticamente imposible. El segundo, porque saca la política de la calle y de las plazas, que sería sin embargo su lugar natural.

Por un lado, se produce muchas veces una confusión interesada entre la idea de neutralidad y la de oficialidad. En este sentido, no es más neutral la bandera española que ondea en los ayuntamientos catalanes que los lazos amarillos que cuelgan de una farola pocos metros más allá. Es más, en muchos municipios, este segundo símbolo es más representativo de su población y está menos problematizado que el primero. Sostener la neutralidad del espacio público como un valor deseable implicaría la retirada de todos los emblemas políticos, ya fuesen los que produce el estado como manifestación del llamado nacionalismo banal, como los defendidos por las identidades minoritarias dentro de ese estado. Es evidente que los líderes constitucionalistas no se refieren a esto.

Si por “neutralidad” entendemos que solo serán válidos los símbolos y las prácticas oficiales del estado y de su identidad mayoritaria, entonces se está sosteniendo un argumento que me atrevería a calificar de grave: el de una democracia que sólo tolera las manifestaciones políticas que provienen del poder. Algunos autores definen la democracia como un sistema de oposición institucionalizada, o como afirma John Berger, una forma de resistencia que se justifica por la posibilidad de revisar el statu quo. En este sentido, por su carácter minoritario, las identidades periféricas tienen pocas posibilidades de modificar el presente estado de las cosas. Ver socavada su libertad de expresión, aunque en algunos puntos sea de mal gusto, no sería una buena señal para el sistema democrático -dicho sea de paso, tampoco es una buena señal el encierro de políticos pacíficos en las cárceles-.

¿Dónde tiene que estar la política, si no?

El hábitat natural de la política es el espacio público. Este aparece como una esfera de libertad respecto de las instituciones y del poder, el sitio donde ciudadanos libres e iguales pueden reunirse, formar movimientos políticos, expresarse e incluso producir ciertos desórdenes como herramienta de cambio social. Esta visión es antagónica a la de aquellos que ven el espacio público como algo planeado, ordenado y previsible: la calle es mía, afortunadamente, pertenece ya a tiempos pretéritos. La concepción democrática del espacio público necesariamente se ajusta a la primera visión, con unos mínimos límites para la convivencia que en ningún caso se han cruzado en la polémica de los lazos amarillos.

Durante los días previos y posteriores al uno de octubre, muchos catalanes gritaban las calles serán siempre nuestras, que lejos de apelar a un Nosotros étnico o excluyente, tenía cierto valor performativo para una comunidad política que quería decidir libremente su futuro -ya fueran, sus integrantes, partidarios o detractores de la independencia-. Hubo un momento en que lo que ocurría en Cataluña, antes de convertirse en una caricatura de sí mismo, se parecía mucho más al 15M de lo que comúnmente se piensa ahora.

De hecho, el principal desafío de nuestras sociedades con relación al tema que nos ocupa es la creciente privatización del espacio público, la conversión de la ciudadanía en meros consumidores, y su vaciamiento de significación y potencial político. Sin embargo, esta cuestión no parece preocupar demasiado a los adalides de la Sacrosanta Unidad de la Nación Española. La proliferación de lazos amarillos, más allá de ser excesiva y de molestar a algunos, no es en cambio ni un problema ni por supuesto ninguna ilegalidad. Sí lo es, por cierto -un problema y una ilegalidad-, que comandos ultra se paseen por nuestras calles encapuchados y con navajas, retirando lazos e intimidando a la ciudadanía, amparados por el discurso oficial de la neutralidad.

Font de la imatge: Josep Renalias

Anuncis

El San Pancracio en el cajón

El San Pancracio en el cajón

Publicado inicialmente en CTXT

En diciembre de 1979, poco antes de las primeras elecciones autonómicas, Jordi Pujol publicó en La Vanguardia un importante artículo titulado “San Pancracio, danos salud y trabajo”. En un contexto donde la izquierda dominaba las redacciones periodísticas, los centros de trabajo y las universidades, el líder de Convergencia Democrática conectaba allí con la pequeña burguesía, con los menestrales de orden, con los tenderos que colgaban en su trastienda un San Pancracio al que no pedían dinero, riqueza ni comodidades: solo “salud y trabajo”. Tres meses más tarde y contra todo pronóstico, Pujol ganaba las primeras elecciones catalanas e inauguraba un período de hegemonía de 23 años con un imaginario de país muy arraigado a la metáfora del San Pancracio: el del catalán trabajador, preocupado por el ahorro, que ama a su familia y a su patria. Hombres y mujeres de orden, moderados en lo social y en lo territorial. La Cataluña-nación que se enfrentaría a la Cataluña-ciudad de Maragall y que se preocuparía, durante más de dos décadas, de fer país.

El gen convergente sobrevivió los dos tripartitos y reconquistó la Generalitat de manos de Artur Mas en 2010, un buen heredero de la filosofía pujolista y del imaginario de país que representaba CiU. Nada hacía pensar que éste, y más concretamente su sucesor Carles Puigdemont y otros cuadros de generaciones más jóvenes, darían una patada al San Pancracio y se aliarían con Esquerra y la CUP para desobedecer las leyes del régimen político que ellos tanto habían contribuido a sostener. Gente de orden haciendo la revolución: aun yendo de farol, ¡impensable unos años atrás!

Hoy parece ser que, pasado el tiempo y unas cuantas refundaciones, el espacio convergente es irreconocible. Algunos incluso arguyen que ya no existe: lo que ha quedado es demasiado diferente del seny de antaño. El PDeCAT se deshizo del lastre de los Pujol y se definió como un partido “republicano e independentista”. La antigua Convergencia, parecía, se estaba mimetizando con Esquerra Republicana. Recientemente, la candidatura Junts per Catalunya ha provocado en último término la implosión del PDeCAT y carece de momento de una verdadera estructura partidista, con gente de orígenes políticos diversos. Ahora, la “Crida Nacional por la República Catalana” parece que será el producto definitivo y exitoso de esta operación de refundación política que ha durado varios años.

La verdad es que, siendo honestos, ERC no ha hecho algo muy diferente: en los últimos tiempos ha acogido desde los exsocialistas de MES a los democristianos soberanistas que procedían de Unió, más algunas figuras independientes próximas a la CUP o a los comunes. Ha pasado de ser un partido pequeño y cerrado a uno mayoritario y de gobierno. El caso es que no lo han sabido vender tan bien, y a pesar de los evidentes cambios que han sufrido, nadie duda de que ERC sigue ahí, más crecida y plural, pero sigue ahí. En unos inteligentes -e improvisados- movimientos de ilusionismo político, motivados tanto por los casos de corrupción como por la transición ideológica hacia el independentismo, Convergencia se ha visto en cambio obligada a morir varias veces para poder renacer, luego, con fuerzas renovadas.

Hacer patria, no política

Quim Torra, Jordi Sánchez y el propio Puigdemont han lanzado la Crida como un nuevo artefacto “para aglutinar a tantas sensibilidades políticas y sociales como sea posible en una herramienta de acción política que pueda participar en todas y cada una de las citas electorales que se produzcan hasta la instauración de la república”. Por el momento, Puigdemont ha conseguido ya someter al PDeCAT -forzó la dimisión de Marta Pascal este fin de semana-, y pretenderá maximizar sus opciones electorales caricaturizando a ERC como partidista, ideologizada y autonomista. El proyecto del exalcalde de Girona es el de un gran partido nacional catalán, superador de la retórica entre izquierdas y derechas para, juntos, lograr unos “objetivos nacionales” comunes. Esta confusión interesada entre la parte y el todo, entre los intereses del partido y los del país, tampoco es algo nuevo.

Curiosamente, en su artículo sobre el San Pancracio, Jordi Pujol pontificaba lo siguiente: “El catalanismo político es el que no supedita el bien del país a la lucha de clases. Ni a los intereses económicos de tal o cual sector. Ni a una ideología”. Los tiempos cambian, pero no tanto. Es evidente que la mutación del gen convergente -quizá su transformación en otra cosa- sigue sin embargo la línea histórica del nacionalismo conservador. A modo de ejemplo, hace unos días el exdiputado de Junts pel Sí, Oriol Amat, recordaba las palabras del Abad Escarré, del Monasterio de Montserrat, a unos jóvenes en 1949: “Haced patria, no política. Notaréis que hacéis política cuando os dividáis”.

La experta en pujolismo Paola Lo Cascio recordaba estos días también las palabras del fundador de CDC sobre la naturaleza de Convergencia (1989): “Nosotros no somos un partido de cuadros […]. Somos un partido de gente. Dejádmelo decir con esta expresión tan de calle, de gente, de hombres y mujeres que aman el país, fundamentalmente tan sencillo como esto”. Pues sí, tan sencillo como esto. Resultará que la Crida, tan lejos de Convergencia a primera vista, será su descendiente más exitoso y fidedigno: también en un momento de transición, se va a construir un movimiento de la gente más que un partido, a través de un liderazgo fuerte e indiscutible, y con una vocación de ir más allá de las ideologías en pro de un nacionalismo aglutinador.

El filósofo Josep Ramoneda, en un artículo reciente, aseguraba que “la Crida es una opa sobre el soberanismo. Bajo el espejismo de un gran movimiento patriótico se esconden unos intereses de grupo tan partidistas como los que se denuncian como causantes de la desunión independentista […]. I la Crida, a pesar de la parafernalia, acabará aterrizando en el espacio social de la vieja Convergencia”. Veremos qué ocurre. El San Pancracio sigue escondido en el cajón. Pero nuevos devotos están ahí, esperando.

Foto: Lambert Sachs

Federalismo más allá del Estado

Federalismo más allá del Estado

Publicado inicialmente en la revista Contexto (CTXT)

La integración política, el federalismo y el reconocimiento de las singularidades son sin duda los mejores arreglos institucionales para gestionar sociedades complejas, plurinacionales y cosmopolitas. El embate de la globalización, con sus ventajas y sus inconvenientes, ha hecho aún más necesaria esta pulsión federalizante por motivos de sobra conocidos. El embridaje de una economía desregulada al servicio de unos pocos, la multiculturalidad y la gestión de las migraciones, el fomento de la paz mundial o la lucha contra el cambio climático son quizá los argumentos más relevantes en favor de, como mínimo, una mayor cooperación política y ciudadana a escala planetaria.

Esta necesidad acuciante de una mayor solidaridad transnacional está chocando, paradójicame, con unos viejos estados nacionales que, a medida que se van vaciando de soberanía real, apuntalan sus aparatos coercitivos y simbólicos a modo de disimulo. El rey está desnudo, pero su corona de oro macizo y su espada reluciente -permítanme esta licencia literaria- centran todas las miradas. Esto vale para los regímenes autoritarios o híbridos -el caso de China, Rusia o Turquía-, pero también para las democracias consolidadas como los Estados Unidos de Trump. Y qué decir, por supuesto, de los nuevos movimientos populistas que ya empiezan a ocupar sillones ministeriales en muchos países de la vieja Europa. Algunas de las formaciones políticas tradicionales, acomplejadas, reaccionan mimetizando su discurso.

Ante los desafíos de la globalización, pues, muchos estados se están blindando por arriba, esto es, en relación con las instancias de integración política regional o global; pero también impiden el reconocimiento, en muchas ocasiones, de cualquier cambio por abajo en las estructuras territoriales preconstituidas -propias o ajenas-. En el marco de la Unión Europea, por ejemplo, parece casi imposible una institucionalidad más integrada, al mismo tiempo que, como dijo Juncker, “no quiero una UE de 98 estados”. El exprimer ministro francés Manuel Valls, nuevo azote del independentismo, también lo dejó muy claro: “no tenemos que permitir la posibilidad de salirse de los Estados naciones que ya existen, no tenemos que tocar las fronteras”.

La nación y la prepolítica

Esta rotundidad en defensa de la integridad territorial de los estados puede ser problemática en aquellos casos donde minorías nacionales territorializadas reclaman para sí el derecho a la autodeterminación. Afirmaciones como la que hizo hace un par de años el nuevo presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez –la unidad de España es una cuestión “prepolítica”-, colisionan claramente con el principio democrático. El profesor Miquel Caminal -luego volveremos a él- defendía precisamente que los estados-nación no son nada democráticos en lo que se refiere a su integridad territorial, y hacía referencia a que no reconocen en sus ordenamientos constitucionales el derecho a la autodeterminación de las naciones que puedan formar parte de ellos.

En este sentido, es evidente que no podemos estar constantemente debatiendo y votando sobre las fronteras de nuestros estados, pero también lo es que cuando surgen movimientos que problematizan los límites vigentes del pueblo, de forma pacífica y persistente, hay que dar respuestas políticas a ello -así ocurrió en Escocia o en Quebec-. Además, éstos movimientos no tienen porqué ser necesariamente supremacistas o insolidarios. Si me permiten la digresión, sigo sin entender por qué apoyar la independencia de Cataluña es supremacismo, pero defender la independencia de España -aun no he oído a ningún líder español abogar por la anexión a Francia, por poner un ejemplo- es cosmopolitismo de vanguardia. Es evidente que en los movimientos independentistas hay elementos de repliegue identitario, pero no es menos cierto que también podemos encontrar señales inequívocas de progresismo y europeísmo. Miren el caso de Escocia, donde ganó el remain de forma abrumadora en todas y cada una de sus regiones, mientras que en el resto del Reino Unido se impuso el Brexit -con argumentos contrarios a la inmigración o a la transferencias fiscales hacia territorios más pobres-.

Entrando ya en el caso catalán, históricamente, la solución federal habría sido la más acertada desde un punto de vista racional. El problema lo hemos encontrado principalmente en el nacionalismo español, incapaz de comprender otras realidades políticas en su seno -no solamente folclóricas- u otras formas de sentirse parte de un proyecto común. Pero el nacionalismo en Cataluña también ha cometido el error de pensar la nación como algo esencializado, subordinando con la retórica de la “diversidad” -los “diversos” son los otros- a una parte de la ciudadanía, empujada hacia los márgenes del imaginario colectivo. Cataluña también tiene que pensarse como un proyecto plurinacional, ya que aquí conviven dos naciones: la de los catalanes que se creen nación, y por tanto, piensan en España como un agente externo; y la de los catalanes que creen que viven en España y que una hipotética nacionalidad catalana es una ficción fabricada a medida de unos pocos. El arreglo federal permitiría que unos y otros convivieran con un grado de satisfacción aceptable, apaivagando las tensiones identitarias que hemos visto agitarse en los últimos tiempos. Esto sería también coherente con la tesis que he defendido al principio del artículo, sobre una mayor integración política y una mejor gestión de la diferencia. ¿Qué podría fallar?

… O qué ha fallado

El profesor Miquel Caminal sostenía en su magnífica “trilogía federal” que “cuando el nacionalismo de estado se cierra a cal y canto, el federalismo contempla la opción democrática de la secesión”. Si hoy el independentismo es hegemónico en Cataluña, lo es en parte por muchos federalistas hastiados de la cerrazón centralista y homogeneizadora de las élites del estado. En el último párrafo, el ya fallecido politólogo escribía explícitamente que “la obligación de todo federalista es promover la unión en la diversidad, pero cuando esto no es posible, también asume el deber y el derecho a promover la secesión o independencia, cuando sea la última opción, cuando todas las demás han resultado baldías o imposibles”.

Ésto lo escribía en octubre de 2013, después de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto y de la feroz campaña del Partido Popular contra el autogobierno. Aquélla sentencia cerró las esperanzas de avanzar hacia el federalismo en el actual marco constitucional, un marco que para unos era un punto de partida mientras que, para otros, lo era de llegada. El enésimo intento de “encaje” cristalizado en el pacto de 1978 había saltado por los aires, y como ha sucedido históricamente, los federalistas nos sentimos abandonados y a la intemperie en relación con el peor gobierno de España de las últimas décadas, el de M. Rajoy con mayoría absoluta.

La vasta experiencia histórica -150 años de catalanismo político- da una base empírica suficiente para que muchos, en Cataluña, lleguemos a la conclusión de que la transformación del Estado en un sentido federal es una quimera. Pero hay más argumentos: no existe una cultura federal en España, las preferencias territoriales y nacionales de ambas poblaciones -la de Cataluña y la del resto del estado- son antagónicas, reforzadas a su vez por distintos sistemas mediáticos, culturales y políticos; las mayorías parlamentarias para realizar cambios profundos siempre requerirán de la concurrencia del nacionalismo español, e incluso si las fuerzas federalizantes consiguieran imponer transformaciones en el ordenamiento territorial del estado, restaríamos permanentemente sujetos a la arbitrariedad de una victoria de la derecha más recalcitrante que restauraría el antiguo orden uninacional. Además de todo esto, la actitud del PSOE -sus nombramientos ministeriales son un ejemplo- también plantea dudas en relación a si su proyecto para España solo pretende redondear el actual estado de las autonomías, o si está dispuesto a redistribuir el poder más allá del reconocimiento cultural-folclórico de las singularidades regionales.

Si aceptamos todo esto como cierto, el desesperanzador panorama no mejora si echamos la vista Cataluña hacia adentro. Con menos del 50% de apoyo popular, y después de un fallido embate contra el Estado, el proyecto independentista tampoco parece capaz, almenos a corto de plazo, de imponerse con éxito. En Cataluña hemos constatado -ya le pasó a Grecia con su referéndum sobre el memorándum europeo- los límites de la reclamación unilateral de la soberanía en un contexto de gobernanza multinivel, y en la forma clásica del estado-nación.

Pensarnos más allá del estado nacional?

El profesor Quim Brugué escribió en diciembre un sugerente artículo titulado “estados como gato panza arriba”, y sostenía una tesis que guarda mucha relación con lo que he intentado expresar aquí. Brugué decía que “presenciamos la batalla entre un estado español que intenta mantenerse y uno catalán que intenta emerger. Y ambos fracasan”. He empezado el artículo hablando del papel de los estados nacionales en el mundo y en Europa, para después centrarme de forma más intensiva en el caso catalán. Ahora, para terminar, querría relacionar ambos elementos. De momento, nos encontramos pues ante un estado español “con corona de oro macizo y espada reluciente”, pero con menos soberanía que nunca; y una nacionalidad sin estado que pretende reclamar una soberanía muy limitada habiendo calculado mal, sin embargo, el peso de la única soberanía real del adversario: la de las porras y las prisiones.

En el contexto actual, y con todas sus contradicciones, mi posición es parecida a la que defiende el filósofo Rubert de Ventós -antiguo colaborador de Pasqual Maragall-: “el estado puede ser una pieza de arqueología política, pero aun es el gestor de la redistribución interior y el que corta el bacalao (sic) en los organismos internacionales”. Él defiende que la soberanía ha dejado de ser un concepto binario -la tengo o no la tengo- para devenir un tema analógico -¿dónde tengo la soberanía?¿en qué?-, y seguramente lleva razón. En este sentido, un estado propio para Cataluña va a disponer de más soberanía que una comunidad autónoma intervenida por el gobierno central, bajo la amenaza constante del nacionalismo español. Un estado propio con vocación universal, deseoso de diluirse en una nueva y mejor Europa. En todo caso, este es un posicionamiento personal, ante la realidad inmediata, que no tiene por qué esconder el gran reto de fondo que enfrentamos los progresistas y federalistas hoy: pensarnos más allá del estado nacional y construir una comunidad política global mucho más integrada.

En este sentido, creo que la realidad misma nos ofrece algunas pistas: en los últimos años estamos experimentando un retorno a lo local, hacia unas ciudades que se están convirtiendo en actores políticos protagonistas, con voz propia en el escenario global. Aquí, en nuestro continente, no sería descabellado imaginarnos una Europa pensada como red de ciudades, articuladas a través de unas eurorregiones más flexibles y arraigadas al territorio que no las rígidas fronteras de los viejos estado-nación.

En este marco, la discusión no sería si rompemos o no los vínculos institucionales entre Cataluña y España, sinó cuáles y cuántas instituciones queremos compartir -entre nosotros, con Francia, con Alemania, etc- en una Europa federal y de los ciudadanos. Quizá la independencia sea una vía para la confederación de los pueblos ibéricos, único camino posible para la fraternidad real. Quizá el cambio republicano -en Cataluña y en España- tiene que tejerse a partir de lógicas contradictorias para unos y para otros. Pero quizá todo esto sea absurdo, quimérico, inasumible. Quizá sí. Pero la política progresista va de ampliar los límites de lo posible, y la imaginación es la herramienta indispensable para conseguirlo.

Foto: Caricatura publicada en la revista La Flaca en 1873

Cataluña hoy: una cartografía

Cataluña hoy: una cartografía
Publicado inicialmente en la Revista Contexto

Más de mil personas en un Auditorio madrileño. Muchas banderas españolas y cánticos de “Viva España”, “yo soy español” y similares. Aval de las asociaciones de militares, de policías o de las víctimas del terrorismo. Patrioterismo lacrimoso con Marta Sánchez. Más cánticos a España. Y lo peor: un Albert Rivera con guiños joseantonianos en un discurso de make Spain great again, eso sí, con maquillaje moderno y liberal a modo de disimulo. Ha escrito con acierto Enric Juliana que se esperaba el macroniano “En Marcha!” y se escenificó un “Forza España” en toda regla. El nacional-populismo naranja, a la cabeza en las encuestas para sustituir a un Partido Popular que algunos sectores del nacionalismo español ven demasiado flojo.

Paralelamente, en Cataluña, el nuevo presidente Quim Torra sigue recibiendo numerosas críticas por una extensa y explícita hemeroteca que, más allá de los famosos tuits, pone al descubierto un pensamiento persistente y articulado al entorno de una concepción esencialista de la nación y la catalanidad. Torra representa el sector más duro del nacionalismo catalán, ensimismado en sus mitos históricos, y es hoy el espejo perfecto donde puede reflejarse también el nacionalismo español. Pero la diferencia, seguramente, es doble: por un lado, el nuevo inquilino de la Generalitat no dispone de todo un aparato militar, policial y judicial para lanzar contra sus minorías nacionales; y de otro lado, la amenaza del uso de la fuerza -o su uso mismo- para resolver problemas políticos siempre ha venido del mismo lado. Con relación a Torra, entre banalizar el racismo y disculpar sus diatribas excluyentes hay un amplio espacio para el análisis que, a mi entender, es más ponderado y se ajusta mejor a la realidad.

En todo caso, el paisaje político que tenemos hoy en Cataluña es desesperanzador y altamente polarizado. Aun los esfuerzos honestos de una parte del soberanismo para “desnacionalizar” la cuestión, llevándola hacia el terreno de los derechos civiles, lo cierto es que la adhesión de los electores a uno u otro proyecto político tiene mucho de identitario. El origen de los padres o el sentimiento de pertenencia territorial tienen un peso creciente en la decisión de voto de la ciudadanía. Hace unas semanas, en este sentido, Oriol Bartomeus mostraba con datos del último CEO (Centre d’Estudis d’Opinió) cómo en los últimos años el factor lingüístico es también determinante: si en 2010 uno de cada cuatro catalanohablantes votó a una candidatura constitucionalista, en 2017 fueron menos del 10%. Lo mismo para los castellanohablantes: un tercio de ellos votó a partidos nacionalistas en 2010. Hoy, menos de la mitad de éstos lo hacen (15%).

Sin llegar a dramatizar la situación -la sociedad catalana está mucho menos dividida que sus élites-, lo cierto es que la negativa persistente de los grandes partidos españoles de resolver esta cuestión por los cauces democráticos, así como la reacción unilateral del independentismo sin contar con las mayorías suficientes como para tener alguna posibilidad de victoria, han llevado a Cataluña a una situación de estancamiento de difícil solución. La represión impía y continuada del Estado contra todo lo que haga olor a secesionismo no hace sino acrecentar el problema y dar más razones a los sectores que abogan por el enfrentamiento directo y a corto plazo contra el Leviatán español.

Un objetivo, dos estrategias, tres proyectos

En las últimas semanas se han hecho más explícitas que nunca las diferencias en el seno del independentismo catalán. Aun compartiendo el objetivo, se pueden distinguir claramente tres proyectos ideológicos, por un lado; y dos estrategias políticas, por el otro. Los proyectos son de sobra conocidos y no hace falta extenderse mucho en esta cuestión: Junts per Catalunya y su entorno, de matriz liberal pero con relativa diversidad interna, se parece un poco a lo que quiso hacer Jordi Pujol en los años setenta. A través de la adhesión personalista a su máximo dirigente, en este caso a Carles Puigdemont, se proponen hegemonizar el espacio nacionalista subordinando el resto de los conflictos sociales al bien superior, esto es, Cataluña. Siendo ellos, claro está, el máximo baluarte de la defensa del país. Aunque el PDeCAT presenta ciertas resistencias al proyecto del exalcalde de Girona, en parte por cuestiones tácticas, en parte por discrepancias estratégicas; todo hace prever que por su propia supervivencia van a diluirse en esta enésima refundación -quizá la exitosa- del espacio tradicional del nacionalismo conservador.

Por otro lado, Esquerra Republicana de Catalunya vio frustrada su aspiración de convertirse en la fuerza más votada en las pasadas elecciones catalanas, como venían apuntando muchas encuestas, pero sigue creciendo de forma exponencial desde que Oriol Junqueras llegó a la presidencia del partido en 2011. Esquerra tiene en mente disputar la hegemonía al nacionalismo conservador con un proyecto alternativo, a diferencia de su tradicional posición más bien satelizada en relación con la antigua Convergencia. El objetivo de ERC es convertirse en el gran partido socialdemócrata catalán, ideologizando el campo soberanista y apartando, así, las tentaciones unitaristas y los frentes nacionales que defienden algunos sectores del independentismo. Su apertura hacia espacios socialistas y ecosocialistas, y su implantación creciente en el área metropolitana de Barcelona -el antiguo cinturón rojo-, sitúan a Esquerra en una buena posición para convertirse en la fuerza central de la izquierda en Cataluña. Está por ver si sus bases más tradicionales darán apoyo a esta estrategia.

Por último, las CUP combinan un modelo socioeconómico de extrema izquierda con una pulsión revolucionaria también en lo territorial. Para algunos sectores -los más nacionalistas-, la independencia es la oportunidad de liberar a los Països Catalans del yugo colonial español, mientras que otros conciben el objetivo secesionista como el modo más viable para romper con el régimen del 78 y construir una nueva República popular en el sur de Europa. Las contradicciones entre defender una posición anticapitalista y al mismo tiempo pactar con la derecha neoliberal en el camino hacia la autodeterminación siguen tensando la organización, pero su coherencia en la vía unilateral y de la desobediencia, reforzada por la actuación del Estado, les confieren un cierto potencial de crecimiento social y electoral.

Descritos brevemente los tres proyectos, lo cierto es que de estrategias hay más bien dos. Por un lado, la extraña coalición entre la CUP y el entorno de Puigdemont, avalada por la Asamblea Nacional Catalana, y en cierto modo, mayoritaria también entre los entornos autoorganizados de los CDR. Esta vía combina el “legitimismo” en relación con el gobierno destituido por el 155 con una vocación frentista y desobediente a corto plazo, más o menos retórica según de quien estemos hablando. No es casual que la primera acción de Quim Torra fuese ir a Berlín a visitar a Puigdemont -el presidente legítimo-, o que nombrara a algunos de los consellers destituidos, todos de JxC -y Comín como alma libre-, aun sabiendo que esto restaría operatividad al nuevo gobierno desde un inicio dada la intransigencia de Rajoy y sus acólitos para con Cataluña.

Por otro lado, la estrategia de Esquerra Republicana y de la dirección del PDeCAT, que enlaza con el plan de trabajo aprobado por Òmnium Cultural, se basa en un honesto reconocimiento de la derrota del 27 de octubre -aunque siguen sin explicar el porqué de este giro de 180 grados-, y en modular los tiempos y el tono para alcanzar mayorías más sólidas y estar preparados en un futuro, cuando las condiciones sean propicias para el objetivo independentista. Estas organizaciones pretenden enmarcar el debate exclusivamente en el terreno de los derechos civiles y sociales, atrayendo así el espacio de los comunes y reforzando su pluralidad interna. Sin ir más lejos, y retomando la cuestión sobre la lengua que mencionábamos al principio, hoy en día el espacio de ERC es el más híbrido en términos lingüísticos: el 56% de sus votantes son catalanohablantes, el 40% castellanohablantes. Ni los partidos que se reivindican a sí mismos como equidistantes son tan plurales en estos términos -Catalunya en Comú, por ejemplo, presenta unos porcentajes del 17%-77%-. Es evidente, empero, que la elección de Quim Torra como presidente va a dificultar, a corto plazo, que los republicanos consigan imponer su visión al conjunto del soberanismo catalán.

Entre el autoritarismo y la equidistancia

Si a los dirigentes independentistas se les puede acusar de irresponsabilidad en algunos casos, o de ingenuidad en otros, el núcleo del nacionalismo español en Cataluña presenta unas actitudes abiertamente autoritarias y alérgicas a cualquier definición de España que no pase por algún tipo de homogeneización de matriz castellana. En lo identitario, esto se manifiesta en una tolerancia de baja intensidad a la diversidad, reducida a lo folklórico -recuerdo por ejemplo a una diputada de Ciudadanos, en 2015, afirmando que hablar catalán es de aldeanos-. En lo político, esta visión se traduce en un centralismo acérrimo donde la autonomía de las regiones, en todo caso, no tiene que ir más allá de lo meramente administrativo. Nada de repartir un poder que pertenece, casi por naturaleza, al Estado.

La eclosión de Ciudadanos, que ha conseguido capitalizar casi todo el antiguo electorado del PP, surgió como respuesta a las demandas de más autonomía cristalizadas en el Estatuto de 2006, con la liquidación de la inmersión lingüística como medida estrella -un modelo de éxito, además, impulsado por la clase trabajadora castellanohablante del cinturón industrial de Barcelona-. La razón de ser del partido naranja en Cataluña es sacar tajada electoral de la división social i lingüística, a la que el PP se ha sumado para no quedar relegado al extraparlamentarismo.

Por su parte, el partido socialista ha quedado atrapado por un escenario de polarización que no le es nada cómodo, aun habiendo dado apoyo a la aplicación del 155. Si el espacio de los comunes se mueve entre la equidistancia y el soberanismo catalán, el de los socialistas tiene también un pie en la equidistancia, pero otro en el consenso del mal llamado “constitucionalismo”. Sociedad Civil Catalana, la ANC del españolismo, intenta ejercer de bisagra por este último lado. A mi entender, sus relaciones orgánicas con un PSOE que ha estado al lado del gobierno del PP en sus medidas represivas y de involución democrática, impide a los socialistas presentarse como garantes del pluralismo y la convivencia en Cataluña, como se prevé que va a ser su discurso durante esta legislatura.

Por último, el espacio de los comunes es quizá el más plural en términos de preferencias territoriales. Aunque dominan los federalistas (65,85%), en una pregunta directa sobre la independencia el 25% votarían a favor y el 65% lo haría en contra. Esta diversidad entre sus votantes provoca que los equilibrios internos que deben construir sus dirigentes no acaben contentando a nadie. Más allá de esta cuestión, la formación liderada por Xavier Domènech y Elisenda Alamany sí que se ha posicionado claramente en contra de la represión y a favor de un pacto por los derechos civiles en Cataluña. Aun su escasa relevancia electoral en las últimas elecciones, es posible que las posiciones de Catalunya en Comú sean importantes en un futuro próximo para recoser algunos de los puentes que se han roto.

Sin la bola de cristal

Dibujar la cartografía de la situación política en Cataluña es complejo pero realizable -y discutible en los términos en que lo he expuesto, claro está-. La predicción de lo que va a ocurrir próximamente, a menos que nos encomendemos a la astrología o a algún tipo de arte sobrenatural, es completamente imposible. Todo parece indicar que el gobierno español, presionado por el auge de Ciudadanos y con la connivencia incómoda del PSOE, va a seguir bloqueando sistemáticamente todas las acciones del gobierno catalán. Esto, a su vez, puede contribuir a la radicalización del movimiento independentista y a reforzar la vía de la desobediencia, que puede ser legítima pero que, de nuevo, corre el riesgo de no calibrar correctamente la correlación de fuerzas.

En este sentido, quizá veamos también una cierta escisión entre las bases del movimiento y sus élites, que mayoritariamente no están estas últimas -¿aún?- por un nuevo embate contra el Estado. Incluso con relación al entorno de Puigdemont, pues su insumisión tiene más que ver con la imposición de un relato que con pasos efectivos y materiales hacia el objetivo independentista. El procés, en general, ha sido un poco eso. Incluso hoy, el objetivo no explicitado del soberanismo catalán sigue siendo un referéndum pactado, que es como los países maduros resuelven sus problemas políticos. Está en las manos del gobierno español seguir poniendo en riesgo el sistema democrático -antes lo-que-sea que rota- o encauzar el conflicto por las vías políticas.

El problema, con respecto a eso, es “más de mil personas en un Auditorio madrileño. Muchas banderas españolas y cánticos de “Viva España”, “yo soy español” y similares. Aval de las asociaciones de militares, de policías o de las víctimas del terrorismo. Patrioterismo […]”.

Font de la Foto: Malagón (CTXT)

Recosir, convèncer, construir

Recosir, convèncer, construir

Autocrítica, la que calgui: la soga al coll dels divuit mesos, el relat de la independència fàcil i ràpida, la interpretació flexible del 27S i de l’1 d’octubre, la ingenuïtat de pensar que l’Estat seuria a la taula i no s’atreviria a restringir drets fonamentals ni a iniciar una causa general -política, policial i jurídica- contra el sobiranisme. Aquest darrer factor i la vergonya democràtica de posar a la presó a 10 persones innocents han tornat a cohesionar el gruix de l’independentisme, que havia caigut en el desconcert després de la convocatòria d’eleccions per part de Mariano Rajoy.

Encarem, ara, una contesa electoral on sembla que s’imposarà la lògica de les llistes separades de base ideològica, en lloc de la fórmula unitària per a l’autoconsum dels convençuts. L’eixamplament de la base electoral sembla més factible si cada formació interpel·la als espais polítics adjacents i no s’opta, en canvi, per cavar trinxeres al voltant del perímetre equivalent a la suma aritmètica de Junts pel Sí i la CUP, que ha donat fins ara unes majories massa ajustades.

La pluralitat de candidatures, a més, amplia el marge de maniobra a partir del dia 22, alhora que no impedeix la unitat d’acció en tres aspectes fonamentals: la denúncia del 155, l’amnistia dels presos i la ratificació de l’objectiu constituent al voltant de la República catalana. A partir d’aquí, el camí serà llarg -president Puigdemont dixit– i l’estratègia sobiranista ha de mutar en la recerca de nous camins que no condueixin, altra vegada, a la celebració d’actes solipsistes i mancats de viabilitat.

El full de ruta nacional haurà de passar necessàriament per l’acumulació de forces Catalunya endins i Catalunya enfora, arrossegant al 10% o 15% de la societat catalana que, malgrat no identificar-se amb el pinyol del procés, no veuria amb mals ulls un escenari constituent propi i no subordinat a cap altre marc territorial. També cal seguir insistint en el terreny internacional, que ha condemnat l’unilateralisme però s’ha posicionat molt clarament en contra de la violència i a favor del diàleg. El referèndum pactat segueix essent una solució que moltes cancelleries defensen, en privat, per la crisi catalana.

Un full de ruta intel·ligent, ambiciós i possible contrastaria -és veritat- amb l’independentisme que té pressa, però es diferenciaria també d’aquells que pensen que l’autodeterminació depèn del permís d’unes hipotètiques noves majories a Espanya, i dels que -cínicament- confonen autocrítica amb deslleialtat i sortides personals. Aquest canvi de ritme és necessari políticament però també socialment -pel conjunt de la irreductible diversitat del poble de Catalunya-, que ha viscut el darrer mes i mig amb una intensitat excessiva. Caldrà refer molts ponts i anar als barris a parlar amb els nostres veïns i veïnes: la unitat civil ha estat i serà un dels garants del nostre model de convivència, que ha estat esquerdat per part dels que han volgut afrontar un problema polític a través de jutges, fiscals i porres.

Per últim, caldrà abordar les urgències de present i posar a sobre de la taula una agenda social que solucioni els problemes de la precarietat, l’habitatge o la pobresa energètica. Oportunitats hi haurà també de fer pedagogia en relació a les lleis socials tombades pel Tribunal Constitucional, però no hi ha millor argument que el de les millores tangibles i en rigorós directe. La introducció de la Renda Mínima Garantida o el procés de desprivatització del model de salut són dos exemples impulsats per l’actual govern que van en la bona línia.

Recosir, convèncer, construir. Aquesta serà la gran tasca que caldrà abordar a partir del 21 de desembre, en un difícil equilibri entre els irrenunciables objectius polítics que molta gent ha viscut a flor de pell i la realpolitik d’una legislatura postautonòmica que es preveu llarga, intensa i sorprenent a parts iguals.

L’oportunitat perduda per a l’Europa de les regions

L’oportunitat perduda per a l’Europa de les regions

Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea, ha descartat avui una mediació amb Catalunya i ha expressat que no vol una Europa formada per 90 països. El màxim temor del luxemburguès és que es creï un “efecte dominó” que contagiï a la resta de nacionalitats del continent amb aspiracions secessionistes. Queda clar, doncs, que per les elits de Brusel·les això segueix essent un club d’Estats amb ben poques aspiracions d’avançar cap a la integració política i de descentralitzar el poder en benefici de les regions i de les ciutats, en observança del principi de subsidiarietat que es troba, per cert, en els tractats de la Unió.

George Steiner explicava en la seva ja celebèrrima “idea d’Europa” que el nostre és un continent que es pot travessar a peu. Europa ha estat i és passejada. Explica que la nostra cartografia “té el seu origen en les capacitats dels peus humans, en el que es considera els seus horitzons. Les dones i els homes europeus han caminat pels seus mapes, de poble en poble, de ciutat en ciutat. La majoria de les vegades, les distàncies posseeixen una escala humana, poden ser dominades pel viatger a peu“. La sedimentació d’aquests viatges al llarg dels segles ha dibuixat una fesomia geogràfica en la qual la posició de les ciutats i dels seus cercles concèntrics és admirablement lògica, abastable i relacional. Mirada de prop, Europa és una xarxa de ciutats que es vertebra, alhora, per multitud de regions que no coincideixen necessàriament amb les velles fronteres dels Estats-nació.

El nou Estat és Europa, ha vingut afirmant el catalanisme polític en les darreres dècades. Un catalanisme que, en contraposició amb els que volen posar-lo intencionadament en el sac del populisme xenòfob, ha demostrat -potser per necessitat- més vocació europeista que la majoria dels Estats europeus. En el marc de la innovació en l’organització territorial, ja fa uns quants anys les nostres institucions van impulsar l’euroregió Pirineus-Mediterrània -els països catalans del segle XXI-, aprofitant la capitalitat de Barcelona per tal de construir un gran node d’economia, cohesió social, cultura i mobilitat en el bressol del mediterrani. L’aposta per l’articulació de societats obertes, tolerants i cosmopolites -així com la participació activa en la construcció europea- s’adequa més a la realitat del catalanisme polític que la falsa caricatura d’un suposat nacionalisme excloent que pregonen certs altaveus mediàtics a Madrid.

El cas català, de fet, podria veure’s com una oportunitat per avançar cap als Estats Units d’Europa -amb diferents subnivells de govern- en els quals els plets nacionals es resoldrien per elevació. A diferència de la majoria dels Estats constituïts, Catalunya està plenament disposada a renunciar a molts dels elements clàssics de la sobirania -com ara l’exèrcit, la política econòmica o la moneda pròpia- en benefici d’un projecte comú amb la resta d’europeus. En un món d’interdependències i de sobiranies compartides la independència clàssica no existeix, i la discussió real pivota al voltant de si compartim institucions amb la resta d’Espanya des d’una posició subordinada o bé des de la lleial cooperació entre iguals en el marc d’una hipotètica Europa federal.

En el present, però, estem constatant els límits de la reclamació unilateral de la sobirania en aquest context de governança multinivell, i en la forma clàssica de l’Estat-nació. Quelcom semblant li va passar a Grècia, on malgrat guanyar un referèndum contra les condicions del rescat de la UE amb el 61% dels vots -i amb un govern d’esquerra radical en el poder-, va haver d’empassar-se les duríssimes condicions imposades per Brusel·les. En el nostre cas, a més, hi hem de sumar la ferotge capacitat coercitiva d’un Estat que està disposat a tot per tal d’impedir qualsevol eventual procés d’autodeterminació.

Aquestes dificultats objectives són tan certes com també ho és que la via de la repressió o del silenci no aconseguirà esborrar, d’un dia per l’altre, la voluntat de milions de catalans -i de ciutadans de moltes altres regions europees-. Ens trobem en una situació, doncs, difícil de desbloquejar. Davant d’aquest atzucac, és una irresponsabilitat que la Unió segueixi ancorada en la defensa acrítica dels interessos dels vells Estats-nació i es negui a reinventar-se quan, més enllà de la qüestió de les nacionalitats, s’ha comprovat que la seva arquitectura institucional ha estat com a mínim inoperant, per exemple, al llarg de la darrera crisi econòmica. Ara, potser també haurà estat irresponsabilitat (nostra) persistir en l’error històric de pensar que Europa ens salvaria.

A la izquierda española

A la izquierda española

Compañeros y compañeras de la izquierda española,

comparto con vosotros todo o casi todo: la confianza en que una sociedad mejor es posible, la justicia social como brújula de todo proyecto político, la convicción de que la libertad de cada uno solo es compatible con la igualdad y la libertad de todos. Estos valores universales, que dibujan el hilo rojo de la Historia -y de historias de compromisos y luchas, de razones y dignidades- no entienden, por definición, de límites territoriales o de jaulas nacionales que pongan coto a su voluntad internacional(ista).

Es más, creo -como vosotros- que el nacionalismo es una ideología absurda. Nosotros, los catalanes, nos llamamos así por un accidente cuasi geográfico que alguna vez fue politizado. Somos, como todas las naciones, una contingencia histórica. Si el fluir de los siglos nos hubiese llevado por otros cauces, ahora seríamos quizá árabes, o franceses -hipótesis las dos nada desatinadas si echamos la vista atrás-. Lo mismo, por supuesto, para España, la unidad de la cual se forjó mediante guerras, matrimonios aristocráticos y pactos oligárquicos. Si la combinación de aliados y enemigos hubiese sido otra, la España de hoy sería, también, radicalmente diferente. ¡Quizá -nunca lo sabremos- España no existiría!.

Los no-nacionalistas como nosotros, pues, entendemos que las naciones modernas no se basan en etnoculturalismos sacralizados, sino en voluntades agregadas de convivencia que se renuevan de tanto en cuando. Aquí, Antoni Puigverd se refirió a esta idea de forma magistral: “Cataluña como ágora y no como templo“. Genuinamente, el célebre pensador Ernest Renan lo teorizó a partir de la expresión “plebiscito cotidiano“. Bajo estas ideas, los catalanes de inspiración socialista o socialdemócrata creemos en una Cataluña plural que, a su vez, quería enzarzarse en un proyecto compartido con el resto de españoles, y de hecho fuimos los que intentamos romper con la hegemonía nacionalista en Cataluña.

Los socialistas creíamos que Cataluña era una sociedad mayormente progresista, pero que la instrumentalización de la identidad catalana por parte de Convergencia y del nacionalismo conservador dificultaba la llegada de las izquierdas al gobierno de la Generalitat. Entonces llegó Pasqual Maragall con una propuesta de nuevo Estatuto -una propuesta, por cierto, a la cual había renunciado Jordi Pujol a cambio del apoyo del Partido Popular a su investidura-. Se creía que el eterno victimismo del nacionalismo conservador, excusa para no ejercer las competencias propias de forma socialmente avanzada, podía acabarse si Cataluña conseguía un nivel de autogobierno indiscutible, libre de las injerencias arbitrarias y centralizantes del gobierno español.

En el memorable discurso de investidura que pronunció Maragall en 2003, el exalcalde olímpico expuso que no quería “presidir el gobierno de la protesta, sino el de la propuesta“, y que de hecho esta actitud inquietaba mucho más al entonces presidente Aznar que no las previsibles lamentaciones pujolistas, que cesaban cuando otro peix terminaba dentro del cove. El Estatut era una propuesta para Cataluña pero también para España. No se daban las condiciones políticas para cambiar la Constitución en un sentido federal, pero a la práctica podían conseguirse estos objetivos mediante la renovación del Estatuto, que a su vez era Ley Orgánica del Estado.

Releer hoy aquel discurso de Maragall es obligado. El expresident, lúcidamente, avisó que “en caso de dilación indebida en su tramitación [del Estatut], en caso de no-tomada en consideración, en caso de impugnación o inadecuación substantiva del resultado final en la propuesta aprobada en Cataluña […], la ciudadanía catalana será llamada [nuevamente] a pronunciarse […] mediante el procedimiento de consulta general que se estime más adecuado“. Cuando el Tribunal Constitucional rompió unilateralmente el pacto constitucional en Cataluña y laminó el Estatuto que había sido aprobado previamente por los catalanes en referéndum, Maragall ya estaba muy lejos de la primera línea política. Pero hoy sus palabras suenan proféticas: la ciudadanía de Cataluña tiene derecho a volver a pronunciarse sobre su relación con el Estado.

Esto fue en 2010. Han pasado ya siete años -casi ocho- en los cuales nos rige en Cataluña un Estatuto que no hemos votado, sufriendo la abierta hostilidad del Partido Popular y un silencio inaceptable por parte del Partido Socialista. La sentencia contra el Estatuto cerró cualquier posibilidad de avanzar hacia el federalismo en el actual marco constitucional, y la respuesta política de la izquierda española fue redondear y homogeneizar un Estado de las autonomías -más café para todos- que ya había quedado obsoleto en Cataluña. Fue entonces cuando muchos catalanes de izquierdas y profundamente no-nacionalistas empezamos a simpatizar con el soberanismo.

Entendimos también que esto no era tan sólo una cuestión puramente nacional, sino que la primera oleada a favor del derecho a decidir se mezcló con la experiencia del 15M y con la indignación social en medio de los peores años de la crisis. La combinación de estos elementos dejaron en cueros al régimen del ’78 y comprendimos, entonces, que las instituciones de las cuales nos dotamos durante la transición ya no eran útiles para encarar los principales retos de nuestra sociedad. La apertura de un proceso constituyente que pasara necesariamente por el reconocimiento de la autodeterminación de las nacionalidades y por una profunda renovación de las estructuras sociales, políticas y económicas del Estado era el único modo de reenganchar a una mayoría ciudadana en Cataluña.

En este sentido, desde 2012 el Congreso de los Diputados ha rechazado casi 20 veces un referéndum pactado. Se hizo un proceso participativo en 2014 donde fueron a votar 2’3 millones de personas, y desde hace seis años salen a la calle más de un millón de gentes cada once de septiembre en Cataluña. Jurídicamente el pacto constitucional saltó por los aires con la sentencia del Estatuto, y políticamente no ha habido ningún interés por rehacerlo, o en su defecto, por ratificar el consentimiento de los catalanes y catalanas ante la situación actual mediante una consulta. El consentimiento es la base de la legitimidad, y es por su ausencia que la legalidad española en Cataluña se encuentra hoy en una situación tan precaria.

¿Dónde está, pues, la legitimidad? En el 80% de catalanes y catalanas que quieren decidir el futuro de su país en referéndum -ayer esta cifra subía al 82% según El País, poco sospechoso de soberanista- y en el 60% que está de acuerdo en iniciar un “proceso constituyente catalán propio y no subordinado” -cito resultados electorales y la declaración política de Catalunya Sí Que Es Pot, a la que hay que sumar el independentismo explícito de Junts pel Sí y la CUP-. La convocatoria del próximo uno de octubre es la única herramienta política que se ha puesto sobre la mesa para solucionar el embrollo, y se ha avanzado por la vía del unilateralismo a causa de la incomparecencia de la otra parte. Con todas sus insuficiencias y contradicciones.

Creo, honestamente, que lo que deseáis para España ha empezado en Cataluña. El candado del régimen del 78 se puede romper aquí, con la apertura de un proceso constituyente de base ciudadana. Esto lo queríamos hacer conjuntamente con el resto de España -y como nuestros valores no tienen fronteras, también lo queríamos y queremos hacer para construir otra Europa-, pero resulta que la ventana de oportunidad política se ha abierto aquí. La maldita polarización, además, nos lleva a escoger entre la República catalana y un Reino de España que nos envía jueces, fiscales, guardias civiles y discursos que nos retrotraen al blanco y negro.

No nos hagáis esperar décadas hasta que ganéis las elecciones por mayoría absoluta, ni nos señaléis repetidamente la contradicción -real, por otra parte- de que haremos todo esto de la mano de la derecha catalana, cuando para cambiar la Constitución hacen falta 2/3 de ambas cámaras, y para hacer eso se hará siempre imprescindible la concurrencia del Partido Popular. Además, compañeros, no todo es conseguir el poder electo. Estos días hemos podido comprobar una vez más la existencia de una oligarquía -o casta- pegada a las instituciones del Estado la cultura política de la cual no terminó de hacer la transición.

Durante décadas, y como mínimo en los últimos 150 años en que las izquierdas españolas y catalanas se han dado la mano para la transformación del Estado, las preguntas se las ha hecho la periferia, y así también ha ocurrido con todas las respuestas. El foralismo, el regionalismo, el federalismo y muchos otros movimientos surgen lejos de Castilla. “Envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora“, cantaba Machado. Sepharad no ha querido cruzar los puentes del diálogo y, parafraseando a Maragall -el poeta-, no ha querido escoltar. Quizá España necesite una buena sacudida para empezar a hacerse preguntas. Y nosotros, luego, estaremos dispuestos -libremente y de igual a igual- a ayudaros humildemente con todas nuestras respuestas.

Fraternalmente,

 

un no-nacionalista catalán y de izquierdas que va a votar “sí”

 

Font de la foto: Wikipedia