Publicado inicialmente en la revista CTXT. Read also the English version here.

Hace ya unos meses que una polémica creciente ocupa titulares en los noticieros de Cataluña: la de los símbolos antirepresivos en el espacio público. Centenares de lazos, cruces y otros artefactos amarillos cuelgan de las farolas y de los árboles, se deslizan por las paredes y se tumban en la arena de las playas catalanas. En los últimos dos meses, sin embargo, se han detectado unos 200 casos de incidentes contra estos símbolos políticos, la mayoría de ellos pacíficos -retirar lazos también es una forma de ejercer las libertades públicas- y otros pocos de carácter violento. En ciudades como Canet de Mar, Verges o Mataró grupos de encapuchados con navajas han protagonizado enfrentamientos con activistas independentistas, auspiciados por las arengas del PP y de Ciudadanos. De hecho, el mismo Albert Rivera reivindicó hace unos días una acción contra una pancarta de libertad presos políticos en el ayuntamiento de Reus, retirada por militantes del partido naranja.

A mi entender, un error en la estrategia del soberanismo -inundar el espacio público de amarillo de forma exagerada quizá genere más anticuerpos que adhesiones- está siendo aprovechado por aquellas organizaciones políticas interesadas en mayores cotas de tensión en la calle. Ciudadanos no sería la primera fuerza en Cataluña sin una buena dosis de frentismo: toda distensión política es también, para ellos, distensión electoral. Por supuesto, las autoridades catalanas son también las primeras interesadas en impulsar la instalación de lazos, enzarzándose unos y otros en una polémica veraniega que va a durar hasta que los juicios de octubre sobre el referéndum aparezcan como nueva fuente de tensión.

La neutralidad es imposible

Los rifirrafes callejeros de quita-y-pon lazos vienen acompañados de una ofensiva ideológica por parte de los líderes constitucionalistas: bajo el mantra de la “neutralidad” del espacio público, han pedido repetidas veces que se retiren los símbolos amarillos tanto de la calle como de los edificios públicos. Esta idea tiene algo de perverso por dos motivos: el primero, porque la neutralidad es políticamente imposible. El segundo, porque saca la política de la calle y de las plazas, que sería sin embargo su lugar natural.

Por un lado, se produce muchas veces una confusión interesada entre la idea de neutralidad y la de oficialidad. En este sentido, no es más neutral la bandera española que ondea en los ayuntamientos catalanes que los lazos amarillos que cuelgan de una farola pocos metros más allá. Es más, en muchos municipios, este segundo símbolo es más representativo de su población y está menos problematizado que el primero. Sostener la neutralidad del espacio público como un valor deseable implicaría la retirada de todos los emblemas políticos, ya fuesen los que produce el estado como manifestación del llamado nacionalismo banal, como los defendidos por las identidades minoritarias dentro de ese estado. Es evidente que los líderes constitucionalistas no se refieren a esto.

Si por “neutralidad” entendemos que solo serán válidos los símbolos y las prácticas oficiales del estado y de su identidad mayoritaria, entonces se está sosteniendo un argumento que me atrevería a calificar de grave: el de una democracia que sólo tolera las manifestaciones políticas que provienen del poder. Algunos autores definen la democracia como un sistema de oposición institucionalizada, o como afirma John Berger, una forma de resistencia que se justifica por la posibilidad de revisar el statu quo. En este sentido, por su carácter minoritario, las identidades periféricas tienen pocas posibilidades de modificar el presente estado de las cosas. Ver socavada su libertad de expresión, aunque en algunos puntos sea de mal gusto, no sería una buena señal para el sistema democrático -dicho sea de paso, tampoco es una buena señal el encierro de políticos pacíficos en las cárceles-.

¿Dónde tiene que estar la política, si no?

El hábitat natural de la política es el espacio público. Este aparece como una esfera de libertad respecto de las instituciones y del poder, el sitio donde ciudadanos libres e iguales pueden reunirse, formar movimientos políticos, expresarse e incluso producir ciertos desórdenes como herramienta de cambio social. Esta visión es antagónica a la de aquellos que ven el espacio público como algo planeado, ordenado y previsible: la calle es mía, afortunadamente, pertenece ya a tiempos pretéritos. La concepción democrática del espacio público necesariamente se ajusta a la primera visión, con unos mínimos límites para la convivencia que en ningún caso se han cruzado en la polémica de los lazos amarillos.

Durante los días previos y posteriores al uno de octubre, muchos catalanes gritaban las calles serán siempre nuestras, que lejos de apelar a un Nosotros étnico o excluyente, tenía cierto valor performativo para una comunidad política que quería decidir libremente su futuro -ya fueran, sus integrantes, partidarios o detractores de la independencia-. Hubo un momento en que lo que ocurría en Cataluña, antes de convertirse en una caricatura de sí mismo, se parecía mucho más al 15M de lo que comúnmente se piensa ahora.

De hecho, el principal desafío de nuestras sociedades con relación al tema que nos ocupa es la creciente privatización del espacio público, la conversión de la ciudadanía en meros consumidores, y su vaciamiento de significación y potencial político. Sin embargo, esta cuestión no parece preocupar demasiado a los adalides de la Sacrosanta Unidad de la Nación Española. La proliferación de lazos amarillos, más allá de ser excesiva y de molestar a algunos, no es en cambio ni un problema ni por supuesto ninguna ilegalidad. Sí lo es, por cierto -un problema y una ilegalidad-, que comandos ultra se paseen por nuestras calles encapuchados y con navajas, retirando lazos e intimidando a la ciudadanía, amparados por el discurso oficial de la neutralidad.

Font de la imatge: Josep Renalias

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